Senadores del PAR frente a Ruiz Gallardón


Sin título-1Hoy se publica que el PP sancionará a tres senadores del PAR que votaron a favor de pedir al Gobierno derogar las tasas judiciales implantadas por Ruiz Gallardón..

Hoy estoy con los tres senadores del PAR que manifiestan su oposición a una ley “cruel, injusta y profundamente inmoral”, porque lo es:

– es injusta porque genera espacios de inaceptable impunidad (especialmente para la Administración) y mantiene privilegios inadmisibles (especialmente funcionarios y ley electoral);

– es cruel porque es insensible a la sensación de victimización que tiene el ciudadano ante la Administración de Justicia (los lamentables mecanismos de la indefensión aprendida se ponen en práctica diariamente y agravan con las tasas);

– y es inmoral porque en una situación de crisis económica se vuelve a hacer recaer en la ciudadanía los costes del despilfarro de la administración política.

La justicia es un servicio público, uno de los pilares de la convivencia ciudadana y hacer pasar al ciudadano por caja (sin ni tan siquiera garantías de la calidad del servicio) es un abuso más del poder político pero, no sólo eso, la lamentable chapuza de la ley (desarrollada por instrucciones internas inasequibles al conocimiento popular) viene a dar otra vuelta de tornillo a una administración desmesurada en tu tamaño y en su afán recaudador, regulador y controlador.

Para poner la guinda al triste pastel mal cocinado, la sanción a los senadores del grupo popular evidencia que el sistema de partidos monolíticos y piramidales sobre unas bases silenciadas a golpe de sanción no es asumible en un estado democrático del siglo XXI: ¿alguna vez algún político abrirá las ventanas de su balcón no para pronunciar un cansino discurso sino para escuchar lo que desde la calle se le dice?.

NOTA RECORDATORIA: Hace veintitantos años, en un debate parlamentario sobre el coste de la justicia, el padre del actual ministro decía: «No se devengará impuesto directo alguno como consecuencia de las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos judiciales. Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la justicia, no solo es preciso suprimir las tasas y el impuesto de actos jurídicos documentados, sino también el impuesto del valor añadido que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos»; pues hoy me quedo con el padre.

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